El Congreso de San Luis Potosí aprobó una reforma constitucional que refuerza la soberanía nacional al prohibir cualquier intervención extranjera en asuntos políticos, de seguridad o territoriales. Con esta medida, el país rechaza explícitamente actos como golpes de Estado, injerencias en elecciones y violaciones a su territorio por cualquier vía, ya sea terrestre, marítima, aérea o espacial.
Además, la reforma establece que ninguna investigación o persecución penal podrá realizarse con participación de agentes externos sin la autorización expresa del Estado mexicano. Esto refuerza el control sobre las acciones judiciales dentro del país y busca evitar presiones o interferencias de gobiernos o entidades extranjeras.
Otro aspecto clave de la modificación es el endurecimiento de penas en delitos relacionados con terrorismo y tráfico ilegal de armas. Se impondrá prisión preventiva oficiosa a nacionales o extranjeros que fabriquen, distribuyan o introduzcan armas de manera ilícita en el territorio nacional. A quienes se compruebe su participación en estas actividades se les aplicará la sanción más severa posible.
El debate legislativo sobre la reforma incluyó posturas encontradas. Mientras las diputadas Sara Rocha Medina y Frinné Azuara Yarzabál expresaron su rechazo, la diputada Jessica Gabriela López Torres y el diputado Carlos Artemio Arreola Mallol defendieron la iniciativa argumentando que refuerza la seguridad y la soberanía del país.
Con la aprobación en San Luis Potosí, la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para continuar con el proceso legislativo. Esta reforma se suma a los esfuerzos federales por garantizar que México mantenga el control absoluto sobre sus decisiones internas y proteja su autonomía frente a influencias externas.
