Al menos 120 personas heridas y 40 detenidos fue el saldo de los enfrentamientos registrados el sábado a las puertas de Palacio Nacional, luego de la marcha convocada por la Generación Z en la Ciudad de México. La confrontación derivó en golpes, pedradas y vallas derribadas, mientras autoridades capitalinas calificaron su actuación como “ejemplar” y sostuvieron que se trató exclusivamente de “contención”.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y el secretario de Gobierno, César Cravioto, atribuyeron los hechos a provocaciones y señalaron que la movilización fue “organizada por dirigentes de la derecha”. Aunque el gobierno local estimó una asistencia de solo 17 mil personas, decenas de miles lograron llenar la plancha del Zócalo antes de que se desatara el operativo policial.
Durante la conferencia convocada tras los choques, Vázquez presentó únicamente un reporte de oficiales lesionados: 60 heridos y 40 hospitalizados, principalmente por contusiones. Solo después de cuestionamientos de la prensa reconoció que al menos 20 ciudadanos también resultaron lesionados, pese a que circulaban videos de personas con heridas abiertas en la cabeza y en distintas partes del cuerpo. La autoridad confirmó además 20 detenidos presentados ante el Ministerio Público y 20 remitidos por faltas administrativas, sin precisar detalles sobre la fuerza empleada en las detenciones.
A partir de las 15:00 horas, elementos de la SSC iniciaron una estrategia de repliegue para desalojar el Zócalo. En calles cercanas se registraron agresiones contra manifestantes, adultos mayores, periodistas y ciudadanos que no participaban en la protesta. Testimonios señalaron el uso de irritantes, golpes con escudos, amenazas y despojo de pertenencias. Entre los afectados se encontraron miembros de la prensa, incluidos reporteros de Proceso y La Jornada.
La tensión escaló cuando integrantes del bloque negro y un grupo de manifestantes derribaron parte de los tapiales colocados alrededor de Palacio Nacional. Según Cravioto, ese fue el punto que justificó la intervención táctica, afirmando que la marcha “confirmó su carácter provocador” y acusando a “dirigentes de la derecha” de promover actos violentos contra instalaciones federales como Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dos elementos de la SSC, que solicitaron anonimato, afirmaron que existe descontento dentro de la corporación por el uso que se hace de los oficiales en operativos de contención. Señalaron que, en esta ocasión, recibieron una instrucción diferente a la de otras marchas: se les indicó que podían “defenderse ante la provocación”, lo que, según dijeron, modificó su actuación y ayudó a explicar el nivel de fuerza empleado durante los enfrentamientos.
Aunque el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la morenista Clara Brugada, sostiene que su política es únicamente de contención y no de represión, los hechos registrados en el Centro Histórico evidenciaron un operativo marcado por denuncias ciudadanas y cuestionamientos sobre el uso proporcional de la fuerza en una manifestación cuya convocatoria se había desarrollado inicialmente sin presencia de cuerpos antimotines.
