El párroco de la cabecera municipal de Soledad, Gerardo Vaglienty Rivera, condenó de forma enérgica el reciente caso de crueldad animal registrado en la demarcación, donde dos perros perdieron la vida tras ser atacados con proyectiles de arma de fuego, presuntamente por un habitante de la zona. El líder religioso advirtió que cualquier acto que atente contra la vida, ya sea humana o animal, constituye una falta de extrema gravedad que bajo ninguna circunstancia debe ser minimizada por la sociedad o las instituciones.
Vaglienty Rivera puntualizó que en el marco jurídico actual existen leyes específicas diseñadas para castigar la violencia hacia los seres sintientes. Por ello, instó a las autoridades ministeriales y judiciales a revisar minuciosamente las carpetas de investigación correspondientes y aplicar con rigor la normativa vigente contra quien resulte responsable. El clérigo enfatizó que, a menos que un animal represente un peligro inminente o cause un daño directo, no existe justificación alguna para recurrir al extremo de dispararles o quitarles la vida, existiendo siempre alternativas pacíficas de control y resguardo.
Más allá de la transgresión legal, el párroco alertó sobre el impacto psicológico y social que este tipo de conductas delictivas proyectan sobre la comunidad. De acuerdo con el portavoz eclesiástico, la indiferencia y la crueldad hacia los animales funcionan como un síntoma de alarma que precede a la violencia comunitaria.
“El que endurece su corazón ante el sufrimiento de un animal también puede llegar a ser insensible ante el dolor de una persona”, advirtió el sacerdote, haciendo un llamado a preservar la empatía colectiva.
Bajo esta premisa, sostuvo que las sanciones impuestas por el Estado no deben limitarse a lo administrativo, sino poseer un carácter punitivo, correctivo y ejemplar. Lo anterior, con la finalidad de erradicar la percepción de impunidad, evitar la reincidencia y robustecer la cultura del respeto hacia todos los seres vivos.
La exigencia de justicia realizada por la Iglesia católica local se enmarca en un contexto legal donde el Congreso del Estado de San Luis Potosí ha endurecido las penas por estas conductas. De acuerdo con el Código Penal del Estado, el maltrato animal se persigue de oficio y contempla penas de prisión que van desde los seis meses hasta los cinco años de cárcel, además de sanciones económicas considerables para quienes causen lesiones o la muerte de animales domésticos o silvestres.
Organizaciones civiles en favor de los derechos de los animales y la propia Fiscalía General del Estado (FGE) han reiterado de forma continua que el maltrato animal suele ser el primer eslabón en una cadena de violencia intrafamiliar y social, un diagnóstico criminológico que coincide con la advertencia emitida por el párroco soledense respecto al riesgo de perder la sensibilidad humana dentro del tejido social.
