El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, destacó que, durante el presente ejercicio fiscal previo al del proceso electoral constitucional, el organismo de vigilancia de los recursos públicos ya trabaja en la planeación que permitirá duplicar esfuerzos y por tanto resultados, en el cuidado del buen uso y manejo del dinero de todos los potosinos durante dicho proceso.
“Impedir el desvío de recursos públicos hacia las campañas electorales es un tema que implica esfuerzos preventivos para los organismos de fiscalización y nosotros ya tenemos lineamientos de trabajo en ese sentido en la mesa. La revisión con lupa de operaciones financieras y detección simultánea de irregularidades con apariencia de delito en los entes públicos durante los procesos electorales, requiere este trabajo del que nosotros ya tenemos avances ahora”, señaló el Auditor Superior.
“Los funcionarios de todos los niveles ya andan inquietos y deben estar conscientes de que son observados como nunca antes no solo por las instituciones, sino también por las organizaciones ciudadanas; el INE, por ejemplo, es otro ente fiscalizador de naturaleza distinta a la nuestra y con él estaríamos buscando la manera de trabajar coordinadamente, a fin de detectar la mala utilización de recursos públicos con fines electorales” agregó.
De este modo, el destino de fondos, bienes, servicios, programas sociales y personal al servicio de los entes públicos para favorecer o perjudicar a un candidato o partido político, constituye uno o varios delitos “y en caso de que el Instituto detecte el condicionamiento de obras públicas o servicios, así como el uso de vehículos oficiales, oficinas o equipo para este fin, de ningún modo quedará sin la promoción de sanciones por nuestra parte”, reveló Rodrigo Lecourtois.
Puntualizó finalmente que el trabajo del organismo fiscalizador es absolutamente técnico, por lo que las auditorías que ejecuta están perfectamente blindadas contra cualquier sesgo de carácter político y aclaró que la fiscalización superior se rige bajo normas y protocolos de auditoría bien definidos por organismos internacionales, aunado al marco legal tanto federal como estatal, del que el IFSE siempre ha sido respetuoso.
