La empresa SIMSA aseguró que los 59 millones de litros de hidrocarburo estaban debidamente documentados; durante el despliegue no hubo detenidos ni se clausuraron las instalaciones.
Un operativo presentado inicialmente como un “golpe histórico” contra el robo de combustibles terminó cuestionado, luego de que la empresa propietaria de los 59 millones de litros de hidrocarburo incautados en una terminal de almacenamiento en Guanajuato acreditara la procedencia legal del producto.
De acuerdo con información publicada por el periódico Reforma, el despliegue fue realizado por la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de autoridades estatales, en las instalaciones de Grupo SIMSA ubicadas en San José Iturbide. La acción fue anunciada el jueves 17 de septiembre por autoridades federales y estatales como un importante aseguramiento de combustible presuntamente relacionado con actividades ilícitas. Sin embargo, no se informó sobre personas detenidas, tampoco fueron colocados sellos de clausura ni se impidió que la terminal continuara funcionando.
Grupo SIMSA afirmó que cuenta con los permisos correspondientes para importar, almacenar y comercializar productos petrolíferos. Según la compañía, el combustible asegurado es de su propiedad y se encontraba respaldado por la documentación que demuestra su origen lícito. La empresa explicó que presta servicios de almacenamiento a clientes que también cuentan con permisos y autorizaciones vigentes. Agregó que los hidrocarburos permanecían en tanques de la compañía y que las instalaciones operan regularmente. Especialistas consultados por Reforma señalaron que la autoridad habría confundido la función de la terminal, pues una instalación de almacenamiento no necesariamente es propietaria del combustible que recibe y resguarda.
La terminal de SIMSA tiene una capacidad aproximada de 630 mil barriles, equivalentes a cerca de 100 millones de litros, por lo que el volumen encontrado sería compatible con sus actividades habituales. Hasta el momento, la FGR no ha dado a conocer la existencia de órdenes de aprehensión, imputaciones formales o elementos que comprueben que los 59 millones de litros asegurados fueran producto del llamado huachicol.
