Por Paulina Vega
El miércoles 17 de enero, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá el caso sobre internamiento forzado de mujeres con discapacidad en el Hospital Psiquiátrico Adolfo M. Nieto en Tepexpan, Edomex.
La coordinadora del programa Discapacidad y Justicia de la asociación Documenta, Diana Sheinbaum junto el despacho Aguinaco Abogados, buscan que la SCJN revise el caso de estas mujeres y se determine si están de manera forzada para así poder indemnizarlas y desinstitucionalizarlas en caso de que si sea el caso.
Esta movilización legal la están realizando bajo la Ley de Amparo que establece: Cualquier persona que es testigo de la privación de la libertad de alguien puede pedir a un juez que revise la situación.
Sheinbaum comenta que según estándares internacionales ninguna persona con discapacidad puede ser privada de la libertad por su condición. Desgraciadamente, en México es común que ocurran este tipo de casos.
Tan solo en 2018, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) registró que en al menos 20.51% de los hospitales que visitó ese año se producían internamientos involuntarios. Precisamente después de una visita del MNPT al Hospital Psiquiátrico Adolfo M. Nieto donde documentó irregularidades en los formatos de consentimiento es que Documenta se interesó en el caso y comenzó esta movilización legal para la revisión con la SCJN.
En un inicio, se llevó el caso a las autoridades del Estado de México, quienes le negaron la demanda a la directora de Documenta pues “no estaba legitimada para hacer dicha exigencia”, es por ello que la asociación solicitó que la SCJN atrajera el asunto.
Esto podría marcar un antes y un después, significaría que una organización civil puede promover una demanda para defender a personas que están internadas en un hospital y abre nuevamente la discusión sobre si entra en el marco de la legalidad internar a la fuerza a personas con discapacidad.
Sheinbaum mencionó “No se trata de abrir las puertas de los hospitales y a ver qué pasa con las personas, se trata de permitirles que decidan dónde quieren estar, y acompañarlas para que puedan estar de la mejor forma posible, para que realmente puedan hacer efectivos los derechos que reconoce la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, y ahora también la Ley General de Salud.”
En caso de que la Segunda Sala de la SCJN voten a favor del proyecto, la sentencia tendrá que regresar al Juzgado de Distrito para analizar caso por caso y comprobar si las mujeres mencionadas están de manera forzada hospitalizadas, de ser así, se deberá ordenar su salida.
Con información de Eréndira Aquino, Animal Político.
