Por: Martín Hernández
San Luis Potosí enfrenta serios problemas en la gestión de su movilidad, especialmente en lo referente a la seguridad de ciclistas y peatones. Aunque se han construido algunas ciclovías, como la ubicada en las avenida Ricardo Basilio Anaya, esta presenta fallas significativas que evidencian un diseño urbano deficiente y una falta de continuidad en las políticas públicas.
La ciclovía de Ricardo Basilio Anaya, por ejemplo, tiene una longitud de 1.74 kilómetros, pero no conecta con otras vías ciclistas, lo que limita su funcionalidad. Además, su ubicación junto al camellón central aumenta los riesgos en las intersecciones para los usuarios, exponiéndolos a conflictos con automovilistas y peatones. Este diseño también ha generado problemas adicionales, como el incremento de acoso, asaltos y el impacto ambiental debido al retiro de árboles.
El colectivo Pedaleando SLP ha señalado que, aunque las deficiencias en el diseño de algunas ciclovías actuales son evidentes, es importante aclarar que la norma NOM-004-SEDATU-2023 fue publicada apenas en abril de 2024. Las ciclovías existentes no podían cumplir con esta norma porque aún no estaba en vigor. Sin embargo, ahora se espera que cualquier rediseño o nueva construcción de infraestructura vial, ya sea para ciclistas o no, cumpla con los criterios establecidos en esta regulación para garantizar la seguridad y funcionalidad de las vías.
En este contexto, la Ley Santi surge como una iniciativa ciudadana clave para abordar los problemas de movilidad. Esta propuesta ciudadana, de Ley Estatal de Movilidad y Seguridad Vial para el estado de SLP, tiene como objetivo reducir las muertes y lesiones graves derivadas de siniestros viales mediante acciones concretas, como: Diseñar políticas públicas que prioricen a los usuarios más vulnerables, como ciclistas y peatones. Establecer límites de velocidad acordes al tipo de vialidad, ya sea primaria, secundaria o terciaria. Prohibir conducir bajo los efectos del alcohol, reforzando la seguridad vial.
La Ley Santi ya está en comisiones legislativas, pero para que se convierta en una realidad, ahora es más crucial que nunca la participación activa y constante de diversos sectores de la sociedad —ciudadanía, academia, empresarios y personas con cargos políticos— para que la #LeySanti se haga realidad. La colaboración de todxs es clave para avanzar hacia un marco normativo que garantice la seguridad de las personas
Por otro lado, el Ayuntamiento de San Luis Potosí presentó recientemente el Plan Maestro de Red de Movilidad Ciclista, que busca modernizar y ampliar las ciclovías en la ciudad. Este plan contempla la creación de una red primaria de 54.26 kilómetros, una secundaria de 60.97 kilómetros y una red en el Centro Histórico de 16.33 kilómetros. La meta es interconectar las ciclovías existentes y garantizar rutas seguras y eficientes para todos los usuarios.
La movilidad segura no solo depende de contar con infraestructura adecuada, sino de que esta sea producto de decisiones políticas comprometidas con la seguridad. La voluntad política es el factor que a menudo limita o retrasa los avances, ya que de ella depende la priorización de recursos, la implementación de normativas y el seguimiento de proyectos de infraestructura. Los siniestros viales reflejan un sistema que no protege a las personas y que necesita un cambio estructural. La implementación de la Ley Santi, combinada con planes municipales integrales, debe ser el primer paso hacia una movilidad más segura y justa en San Luis Potosí.
