El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno, incluida la Presidencia de la República, podrá promover la elección judicial del 1 de junio. La decisión, tomada en sesión extraordinaria el 29 de marzo, establece que la difusión y propaganda del proceso electoral serán exclusivas del INE.
El consejero Arturo Castilla Loza enfatizó que ni funcionarios públicos no candidatos ni instituciones gubernamentales pueden destinar recursos públicos para incentivar el voto o la participación ciudadana en este proceso. Además, subrayó que la legislación electoral, específicamente el artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), prohíbe estas acciones.
“¿Quién tiene el fin institucional de promover la participación de la ciudadanía en esta elección? Ya lo mencioné dos veces, en términos de la propia ley del artículo 504 de la ley, es el Instituto Nacional Electoral. Esta no es una función prevista expresamente para ninguna otra autoridad”, señaló Castilla Loza.
Por su parte, el consejero Jaime Rivera advirtió que permitir propaganda gubernamental en este contexto violaría la imparcialidad electoral, pues “es inocultable la identificación de Gobierno y partido”, lo que comprometería la neutralidad en el uso de recursos públicos.
Adicionalmente, el INE ratificó que los ministros de culto tampoco pueden promover candidaturas, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales que garantizan la separación entre religión y política.
