Con miras al Proceso Electoral Local Extraordinario de 2025, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado firmaron un convenio de colaboración para asegurar la aplicación de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género.
Esta ley impide que personas con antecedentes de violencia familiar, política, agresiones sexuales o incumplimiento de pensión alimentaria accedan a cargos públicos o sean registradas como candidatas. La medida será obligatoria para quienes aspiren a aparecer en las boletas electorales del próximo 1 de junio.
Durante el acto protocolario, la consejera presidenta del CEEPAC, Paloma Blanco López, destacó la importancia de la coordinación institucional para frenar la violencia política de género. Afirmó que este tipo de acuerdos permiten fortalecer los filtros en favor de candidaturas libres de violencia.
Por su parte, el magistrado presidente Arturo Morales Silva reiteró que el Poder Judicial colaborará en la verificación de antecedentes de los perfiles, en apego a los principios constitucionales tanto federales como estatales.
