A un año de haber firmado el contrato de arrendamiento para el fallido Centro Deportivo Santa Fe, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) decidió dar por terminado el acuerdo con la empresa Distribuidora VEM SA de CV, tras considerar que ésta incumplió con las condiciones pactadas.
Mediante el oficio OAG-482/2025, fechado el viernes 11 de abril, la abogada general de la UASLP, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, notificó formalmente a la representación legal de VEMSA la intención de rescindir el contrato. El documento fue recibido por la empresa ese mismo día.
La universidad argumenta que VEMSA cambió de forma sustancial la naturaleza del proyecto originalmente propuesto, que era de carácter deportivo, para transformarlo en un desarrollo comercial denominado “Distrito Santa Fe”. Este giro, señala la UASLP, constituye un incumplimiento directo del contrato, en cuya cláusula décima cuarta se establece la posibilidad de terminar anticipadamente el acuerdo si alguna de las condiciones es violada.
La solicitud de cancelación se da justo antes de que concluya el año de gracia otorgado a la empresa, durante el cual no estaba obligada a pagar los 3.4 millones de pesos mensuales de renta, a fin de permitirle realizar gestiones previas como diseño, planificación y trámites administrativos. Sin embargo, durante este periodo, VEMSA no habría iniciado ningún procedimiento ante el ayuntamiento para comenzar la obra.
A ello se suma el uso del predio —ubicado en una zona de alta plusvalía— como estacionamiento para vehículos de una distribuidora automotriz cercana, lo cual fue documentado anteriormente por este medio y criticado por diversos sectores.
En el oficio, Navarro Sánchez propone a la empresa llegar a un convenio de terminación por mutuo acuerdo y solicita una respuesta formal. De no recibirla en un plazo de 30 días naturales contados desde el 10 de abril, la universidad considerará la negativa como tácita y se reservará el derecho de emprender las acciones legales correspondientes.
El rector Alejandro Zermeño ya había anticipado el inicio de este procedimiento, que marca un punto de quiebre en una relación contractual que generó controversia desde sus orígenes, debido al bajo costo del arrendamiento en comparación con el valor del terreno y a la falta de avances por parte de la empresa arrendataria.
