El 12 de agosto, México extraditó a 26 personas vinculadas al narcotráfico a Estados Unidos, según la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Los reos, detenidos en diversos penales, enfrentan cargos por tráfico de drogas y delitos relacionados con el crimen organizado, incluyendo nexos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. La operación, ejecutada bajo estrictos protocolos, respetó los derechos fundamentales y la Ley de Seguridad Nacional, con el compromiso del Departamento de Justicia de EU de no aplicar la pena de muerte.
Esta extradición, la segunda en 2025 tras la entrega de 29 capos en febrero, incluyendo a Rafael Caro Quintero, responde a negociaciones con la administración de Donald Trump, que prioriza el combate al fentanilo. La entrega se realizó en puntos fronterizos, utilizando un esquema de “traslado” que agiliza los procesos tradicionales de extradición. La presidencia de Claudia Sheinbaum defendió la legalidad de la operación, enfatizando motivos de seguridad nacional, mientras el secretario Omar García Harfuch destacó el equilibrio entre cooperación y soberanía.
El Gabinete de Seguridad mexicano ofrecerá más detalles en una conferencia el 13 de agosto, aunque la opacidad sobre los nombres de los extraditados ha generado críticas. Expertos señalan posibles irregularidades legales, similares a las cuestionadas en febrero, mientras en redes sociales se expresan temores por represalias de los cárteles. La designación de estos como organizaciones terroristas por EU añade tensión.
La operación, que incluyó la devolución de 14 reos mexicanos por EU el día anterior, refleja un intercambio penitenciario activo. La presión de aranceles del 25% amenazados por Trump ha acelerado estas acciones, mientras México busca reducir la violencia asociada al narcotráfico. El futuro de esta cooperación bilateral dependerá de los acuerdos alcanzados y la estabilidad regional.
