El lunes 01 de junio el vídeo de una niña de 9 años la cual pide que no la dejen con su papá porque por las noches la toca en sus partes privadas. El vídeo y la noticia se viralizaron principalmente en facebook, muchos usuarios no se dieron el tiempo de investigar y decidieron que la niña estaba mintiendo.

El mito de la sospecha frente a la realidad de la impunidad: Cómo los sesgos de género desprotegen a las víctimas de violencia sexual

Incluso ante la evidencia física y psicológica, la primera reacción de un sector de la sociedad civil no es la indignación contra el agresor, sino la sospecha hacia la madre. En México, cuando una niña o un niño denuncia abuso sexual, el prejuicio machista suele activar un mecanismo automático de defensa social: asumir que se trata de una venganza materna. Esta narrativa de sospecha sistemática no es neutral ni inofensiva; constituye un factor de riesgo directo que perpetúa la vulnerabilidad de las víctimas y garantiza la evasión de la justicia por parte de los agresores.

Cada cierto tiempo, la difusión en plataformas digitales de videos o relatos aislados sobre mujeres que amenazan con realizar acusaciones infundadas de acoso es utilizada para viralizar discursos que generalizan la existencia de “miles” de casos fabricados. Recientemente, estos contenidos han sido capitalizados por grupos de choque organizados para acosar a denunciantes, violentar a víctimas y desacreditar a las instituciones y funcionarias encargadas de la atención de los delitos de género. Sin embargo, el argumento de las denuncias falsas funciona como una herramienta recurrente para minimizar las experiencias de las mujeres en un contexto donde las agresiones representan un problema sistemático y estructural.

La radiografía estadística: La anomalía del engaño frente a la crisis de agresiones reales

A nivel global, los datos de fiscalías y organismos internacionales demuestran de forma consistente que las denuncias falsas en delitos de violencia de género e integridad sexual representan una absoluta minoría, ubicándose generalmente entre el 2% y el 6% según algunos informes, mientras que evaluaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalan que el indicador no supera el 3%. Esta tasa es idéntica o incluso inferior a la de delitos patrimoniales, como el robo de vehículos, lo que convierte a la simulación del delito en una anomalía estadística.

• Fiscalía General del Estado (España): Las auditorías estrictas de sus memorias anuales demuestran de manera sostenida que las causas judiciales por violencia de género que resultan ser falsas representan apenas entre el 0.01% y el 0.006% del total de los expedientes interpuestos.
• The Crown Prosecution Service (Reino Unido): Un análisis exhaustivo coordinado por la investigadora Alison Levitt determinó que, en un periodo de 17 meses, de entre más de 5,000 casos de violación evaluados, solo el 0.1% (aproximadamente 1 de cada 1,000) derivó en procesamientos por falsedad.
• Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia y Amnistía Internacional: Ambas instancias coinciden en que la incidencia global de falsas acusaciones en delitos de agresión sexual se mantiene en niveles mínimos, destruyendo el mito de una prevalencia masiva.

Frente a este escenario, los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirman que en ningún país existen indicios de una proliferación de denuncias fabricadas. Por el contrario, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) reveló que el 70.1% de las mujeres de 15 años o más en México han experimentado al menos una situación de violencia psicológica, física, sexual o económica a lo largo de su vida, y el 42.8% la sufrió en el año previo al levantamiento de la encuesta. Asimismo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana reportó que el 21% de las mujeres mayores de 18 años fueron víctimas de acoso o violencia sexual en espacios públicos.

La cifra negra y la ineficacia del sistema de justicia en México

El verdadero desafío del sistema de seguridad y justicia en el país no es la mentira, sino la inmensa cantidad de abusos reales que nunca se notifican a las autoridades. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, la cifra negra en delitos sexuales supera el 95%. Esto significa que la inmensa mayoría de las víctimas prefiere guardar silencio debido a factores específicos:

• El miedo a la revictimización y a no recibir credibilidad por parte de los funcionarios.
• El estigma social, el juicio comunitario y la culpa impuesta.
• Los procesos judiciales largos, desgastantes y carentes de perspectiva de género.

Sostener la existencia de una supuesta ola de falsas acusaciones contradice los diagnósticos del Estado mexicano. La realidad es que el grueso de la criminalidad sexual permanece oculto, y cuando los casos logran llegar a las agencias del Ministerio Público, la probabilidad de éxito es casi nula. Evaluaciones de la organización civil Impunidad Cero y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) señalan que más del 80% de los crímenes en general quedan impunes en el país. Específicamente, el Índice de Impunidad en Delitos Dolosos demuestra que la probabilidad de que un delito denunciado e investigado se resuelva y esclarezca es de apenas el 1%.

En los delitos de índole sexual y familiar, las denuncias verídicas frecuentemente no tienen ningún efecto vinculante ni punitivo en los agresores. Los victimarios se benefician de redes de complicidad, de la dilación estratégica de los procesos judiciales y de la falta de formación de los juzgadores, permitiéndoles conservar la libertad, mantener derechos de custodia sobre las víctimas o librar las investigaciones mediante el congelamiento y desecho de las carpetas de investigación.

Los obstáculos legales del tiempo y la pérdida de evidencia

La dilación y el escepticismo social frente a la denuncia también colisionan con los plazos establecidos en el marco legal mexicano. El tiempo para denunciar varía según la gravedad de la conducta y la legislación local de cada entidad federativa.

En el caso de delitos graves como la violación, el feminicidio, el secuestro o la trata de personas, las leyes contemplan la imprescriptibilidad o plazos sumamente amplios, permitiendo que las víctimas inicien el proceso penal años después de los hechos. No obstante, en delitos considerados de menor gravedad por los códigos penales (como lesiones leves o amenazas), los plazos de querella suelen restringirse a términos breves, generalmente de 30 días.

Aunque existen excepciones legales que suspenden los plazos de prescripción cuando la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad extrema —como la minoría de edad o el sometimiento bajo amenazas—, la demora en iniciar la investigación penal provocada por el miedo a la incredulidad social debilita los casos. El paso del tiempo dificulta la recolección de indicios periciales, las pruebas psicológicas forenses y la consistencia de los testimonios, lo que termina por sepultar las posibilidades de obtener una sentencia condenatoria.

“El cuestionamiento social y judicial hacia las declaraciones de los niños genera un daño psicológico que duplica el impacto del abuso original. Cuando el sistema asume de inicio que el testimonio infantil es producto de una manipulación adulta, se invalida el desarrollo emocional de la víctima y se le somete a un aislamiento institucionalizado”, señala un análisis de psicología forense infantil respecto a los efectos de la revictimización.

Hacer eco de la sospecha sin fundamentos en casos documentados no es neutralidad; es complicidad. La perpetuación del mito de las denuncias falsas genera un ambiente de escepticismo generalizado que disuade a las víctimas de recurrir a las instituciones, reforzando la posición de los agresores, quienes capitalizan la duda sembrada en la opinión pública. Mientras la conversación colectiva continúe obsesionada con el fantasma de las denuncias falsas, miles de niñas y niños seguirán atrapados en entornos de abuso bajo el amparo del silencio social, evadiendo la pregunta de fondo sobre a quién beneficia el mantenimiento de la violencia de género.

El peligro de la narrativa de la “madre manipuladora”

El uso de argumentos que acusan a las madres de instrumentalizar a los hijos para fabricar acusaciones —una estrategia ligada al desacreditado “Síndrome de Alienación Parental” (SAP)— tiene consecuencias graves en la protección de la infancia. Esta línea de defensa es utilizada incluso por actores políticos de sectores conservadores y fue replicada por administraciones del Ejecutivo Federal durante los periodos de confinamiento por la pandemia, contraviniendo las directrices científicas y de derechos humanos.

El peligro de validar social e institucionalmente la premisa de la manipulación materna radica en tres vertientes:

• Garantiza la impunidad del agresor: Al desviar la atención pública y jurídica hacia la conducta o la salud mental de la madre, se suspende la investigación sobre el sospechoso, deteniendo el escrutinio sobre las pruebas del abuso.
• Silencia e invalida a las infancias: Enseña de manera temprana a las víctimas que su testimonio carece de validez frente a la jerarquía de un adulto varón, clausurando la posibilidad de que soliciten ayuda en el futuro.
• Institucionaliza la violencia: Cuando este sesgo escala a los ministerios públicos o a las sentencias de los jueces, se dictan medidas cautelares o resoluciones que obligan a los menores a convivir con sus presuntos agresores, elevando el riesgo de abusos subsecuentes o desenlaces fatales.

Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) han rechazado de forma explícita el concepto de alienación parental por carecer de fundamento científico, advirtiendo que sus premisas operan como herramientas de violencia institucional de género para encubrir a perpetradores.

Las claves en el caso de abuso infantil que estalló en Piedras Negras

El caso de la menor de nueve años que denunció abusos sexuales por parte de su progenitor en Piedras Negras, Coahuila, sumó nuevas aristas que exponen tanto la urgencia de la localización del sospechoso como los límites operativos de las autoridades locales. Entre señalamientos de influyentismo y la confirmación de que el acusado se encuentra ilocalizable, el panorama institucional evidencia las fricciones y vacíos legales que entorpecen la protección inmediata de las infancias.

Ante las versiones ciudadanas que vinculaban al presunto agresor con la administración pública de Piedras Negras, el alcalde Jacobo Rodríguez desmintió categóricamente cualquier relación o protección hacia el señalado. “El papá, el papá no. Yo, de hecho, en mi vida lo he saludado, no lo conozco”, enfatizó el mandatario. Con el fin de esclarecer los rumores de favoritismo, Rodríguez aclaró que el hermano del acusado sí formó parte del ayuntamiento, pero únicamente durante los primeros tres meses de su gestión —de enero a marzo de 2025—, quedando desvinculado laboralmente del municipio desde esa fecha.

La máxima autoridad municipal también abordó las críticas hacia la actuación inicial de los cuerpos de rescate y protección infantil, detallando cómo la estructura legal limita el campo de acción de los ayuntamientos. Explicó que, aunque la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) a nivel municipal cuenta con un equipo integrado por psicólogos, trabajadores sociales y asesores jurídicos, el alcance de sus decisiones está supeditado al orden jerárquico. En sus declaraciones, el edil subrayó que “quien tiene la última palabra de a dónde se resguardan los niños es la PRONNIF estatal”.

Rodríguez admitió la frustración que genera esta distribución de competencias, manifestando que las administraciones locales desearían contar con una “facultad total para ya no depender y no estarnos pasando la bolita”; sin embargo, recalcó que están obligados a respetar la jerarquía que dicta la legislación vigente. Pese a las diferencias de criterios operativos, el alcalde aseguró que su gobierno mantiene canales de diálogo con la fiscalía local y la PRONNIF del estado, apoyando de manera constante con personal municipal para la integración de expedientes y la realización de visitas domiciliarias de evaluación.

El acusado se da a la fuga; acusan red de encubrimiento familiar y legal

Mientras las autoridades locales delimitan sus responsabilidades, la búsqueda del presunto agresor se trasladó al plano civil y digital. A través de plataformas de redes sociales, Vica Torres Arocha, madre de la víctima, difundió la fotografía del licenciado Eduardo Alejandro Morales Cervera para alertar a la población y exigir su captura. En sus publicaciones, la madre denunció que el abogado abandonó la localidad para evadir las consecuencias legales de la denuncia por agresiones sexuales contra su propia hija. “Huyó de la ciudad de Piedras Negras. Se busca para ser detenido”, puntualizó Torres Arocha, sosteniendo que no detendrá sus exigencias hasta que su exesposo enfrente el proceso penal correspondiente.

A pesar de la gravedad de la acusación y de la presión social que paralizó las vías de comunicación internacionales días atrás, la Fiscalía General del Estado de Coahuila ha mantenido hermetismo en torno al estatus del caso, omitiendo emitir comunicados oficiales que confirmen la liberación de una orden de aprehensión formal en contra de Morales Cervera.

Por otra parte, la representación de la víctima formalizó la denuncia penal no solo contra el progenitor, sino contra lo que describen como una estructura de encubrimiento destinada a silenciar el testimonio de la menor de nueve años. Los señalamientos directos por parte de la familia materna apuntan al abuelo de la niña, el también litigante Juan Porfirio Morales Gutiérrez, y a los abogados particulares José Manuel Bravo y Alejandro Lara.

Según las denuncias de la madre, este bloque de profesionistas del derecho ha utilizado su conocimiento técnico y su posición de autoridad para amedrentar, manipular e intimidar a la menor durante las evaluaciones institucionales, obstruyendo la visibilización de los abusos y priorizando la protección del presunto agresor por encima del interés superior de la infancia.