Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, instó a los nuevos funcionarios públicos municipales a iniciar la verificación del Acta Administrativa de Entrega-Recepción. Los alcaldes disponen de 30 días hábiles a partir del 1 de octubre para señalar anomalías en los procesos de entrega.
En este periodo, es responsabilidad de las nuevas autoridades, con el apoyo de su órgano interno de control, elaborar un acta circunstanciada que detalle cualquier irregularidad. El órgano interno notificará a los exfuncionarios, quienes tendrán 15 días hábiles para comparecer y proporcionar las aclaraciones necesarias.
Si los exfuncionarios no responden o no se presentan, las nuevas autoridades deberán informar a la autoridad competente sobre las irregularidades, lo que puede derivar en acciones conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas y posibles responsabilidades penales o civiles.
La semana anterior, el organismo fiscalizador envió auditores a los 59 municipios del estado para supervisar los procesos de entrega-recepción y verificar el cumplimiento de los formatos y procedimientos legales. Lecourtois destacó la labor de los auditores, asegurando que los procesos se realizaron de acuerdo con lo establecido, aunque algunos municipios requirieron atención adicional.
