El reciente aumento en la tarifa del transporte público en San Luis Potosí, ahora fijada en $12.50, ha desatado una ola de descontento entre los usuarios, quienes argumentan que el costo no refleja la calidad del servicio. A diario enfrentan problemas como unidades deterioradas y conductores sin la capacitación adecuada, lo que pone en evidencia problemas de fondo en el sistema de movilidad.
“Tomar hasta seis camiones al día afecta directamente nuestra economía. Las unidades están en malas condiciones y los choferes no siempre tienen la preparación necesaria para garantizar un servicio seguro”, mencionó una usuaria habitual.
Ante esta situación, el gobierno estatal ha puesto en marcha medidas paliativas, como subsidios y rutas gratuitas para sectores vulnerables, incluyendo estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de SLP, Araceli Acosta, confirmó que este año se distribuirán 8,000 tarjetas de transporte gratuito y se ampliarán las rutas de apoyo en diversas regiones del estado.
“Garantizamos el derecho a la movilidad con subsidios y programas especiales, como los 60 viajes mensuales gratuitos para adultos mayores y personas con discapacidad”, destacó Acosta.
Por su parte, los concesionarios defienden el incremento tarifario, argumentando que es necesario para cubrir los costos derivados de la inflación y el aumento en los precios de insumos clave. Margarito Terán, representante del transporte urbano en SLP, señaló que, aunque la demanda se reduce entre un 2% y 3% con cada aumento, es fundamental para mantener la operación del servicio.
“Cumplimos con lo que marca la ley, pero los costos de operación se han vuelto insostenibles. Necesitamos apoyo gubernamental para mejorar el servicio”, afirmó Terán.
No obstante, los subsidios no son suficientes para cubrir a todos los usuarios, y las condiciones del servicio siguen siendo motivo de queja. Guadalupe Torres, secretario general de Gobierno de SLP, enfatizó que se están evaluando nuevas medidas para extender los beneficios a más regiones, como la Huasteca y el Altiplano.
El aumento en la tarifa de transporte público no solo ha afectado a la economía de los usuarios, sino que también ha puesto sobre la mesa la necesidad de un esfuerzo conjunto entre autoridades, concesionarios y ciudadanía para garantizar un sistema de movilidad digno, inclusivo y eficiente.
Porque la movilidad no es un lujo: es un derecho que debe beneficiar a todos.