La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha formalizado una acusación penal contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios de su administración. El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que el mandatario y su círculo cercano operaron como una extensión institucional del Cártel de Sinaloa, facilitando el flujo de narcóticos hacia territorio estadounidense y participando en actos de violencia extrema.
El expediente judicial, asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, describe una red de corrupción sistémica donde los cargos públicos fueron presuntamente puestos al servicio de la organización criminal. Las autoridades norteamericanas aseguran que esta colaboración no fue circunstancial, sino el resultado de un pacto establecido desde antes de que Rocha Moya asumiera el poder en noviembre de 2021.
De acuerdo con las investigaciones presentadas por Washington, la llegada de Rocha Moya a la gubernatura estuvo marcada por la intervención directa de la facción conocida como Los Chapitos. La acusación detalla que el grupo delictivo desplegó tácticas de intimidación, coacción y secuestro contra rivales políticos para asegurar la victoria del morenista en los comicios de 2021.
La fiscalía sostiene que el gobernador mantuvo reuniones con líderes de la organización tanto en su etapa de candidato como durante su mandato. En estos encuentros, se habrían sellado acuerdos de protección oficial para las operaciones de tráfico de drogas a cambio del respaldo político y operativo del cártel.
La lista de imputados no se limita al Ejecutivo estatal; abarca puestos clave en la seguridad pública y la administración de justicia en la entidad. Entre los señalados figuran:
- Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Gobierno.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.
- Dámaso Castro Zaavedra, subfiscal general del estado.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.
- Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefes de la Policía de Investigación.
- José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán, altos mandos policiales.
Las imputaciones son graves: asociación delictuosa, tráfico de estupefacientes y violaciones a las leyes de armas de fuego. No obstante, el caso de Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, destaca por su especial brutalidad. Al excomandante se le vincula con el secuestro de un informante de la DEA y un familiar de este, acciones que culminaron en el asesinato de ambas personas.
Para los fiscales estadounidenses, la traición a la confianza pública por parte de estos funcionarios permitió que el Cártel de Sinaloa operara bajo un manto de total impunidad. El documento judicial es tajante al afirmar que miembros de las fuerzas de seguridad sinaloenses participaron directamente en las represalias del grupo criminal, llegando a ejecutar a enemigos de la organización y a ciudadanos sospechosos de cooperar con las autoridades de Estados Unidos.
“Han vendido sus cargos a cambio de sobornos masivos”, señala la acusación, subrayando que esta protección institucional ha puesto en peligro directo la seguridad de los ciudadanos en ambos lados de la frontera al facilitar la distribución masiva de drogas mortales.
A pesar de la magnitud de los señalamientos, el panorama oficial en México se mantiene en silencio. Hasta el cierre de este reporte, ni el Gobierno Federal ni el propio Rubén Rocha Moya han emitido declaraciones públicas para desmentir o aclarar las acusaciones.
El proceso en la Corte de Nueva York marca el inicio de una batalla legal de alto nivel. Mientras la justicia estadounidense busca desmantelar las redes de apoyo político que sostienen al narcotráfico, el futuro de la administración actual en Sinaloa pende de un hilo, sujeto a las pruebas que deberán ser desahogadas ante la jueza Polk Failla bajo los principios del debido proceso.
