Este fin de semana un desgarrador video proveniente de Piedras Negras, Coahuila se viralizó por su contenido donde una niña de 9 años grita en desesperación y horror que no la separen de su madre porque su padre, Eduardo Alejandro Morales Cervera, abusa de ella sexualmente. El caso escaló ante los llantos tan perturbadores de la niña y su declaración tan horrenda, pues en el vídeo se observa que la policía municipal de Coahuila, le entrega la niña a su abusador, básicamente la estaban mandando a un infierno sin salida.
Los agentes ignoraron las acusaciones directas de la pequeña mientras el acusado, respaldado por tres hombres que lo acompañaban, forcejeaba para contenerla y llevársela del lugar. La policía civil entregó a la menor al hombre señalado por agredirla, enviándola a un entorno de riesgo.
La problemática para la menor y su madre, Vica Torres Arocha, comenzó aproximadamente un mes antes de estos hechos. Morales Cervera, quien había permanecido ausente de la vida de su hija por más de dos años —desatendiendo cumpleaños, festividades y eventos escolares—, reapareció para reclamar su custodia tras responder un mensaje de la menor durante la conmemoración de Pascua.
El abogado utilizó un incidente aislado para iniciar una estrategia legal en contra de la madre. Torres Arocha reconoció públicamente haber reprendido físicamente a su hija con una cachetada fuerte en un momento de frustración por la crianza en solitario, un hecho del cual manifestó arrepentimiento. Este suceso fue aprovechado por el progenitor, quien logró que un juez, actuando sin perspectiva de género, le otorgara el resguardo legal de la niña y emitiera una orden de restricción para impedir que la madre se aproximara a ella.
A partir de ese momento, se configuraron conductas ligadas a la violencia vicaria, una modalidad de violencia de género en la que se utiliza a los hijos como objetos para infringir dolor a las madres. El padre incomunicó a la niña de su familia materna, le retiró sus pertenencias personales —incluyendo ropa, uniformes, su visa y dispositivos electrónicos— y manipuló al personal de la institución educativa para que le prohibieran la entrada a la madre, manejando los horarios escolares a su conveniencia para evitar cualquier contacto.
Durante ese aislamiento, la menor envió mensajes a través de sus compañeras de escuela: “Estoy arrepentida de haberme ido con mi papá”, “Pregúntale a mi mamá cuándo me va a recoger”, “Ya mero es el Día de las Madres y quiero ver a mi mamá”. El cambio de ambiente afectó el comportamiento de la menor, quien mostró conductas de rebeldía debido al aislamiento impuesto.
El punto de quiebre ocurrió el pasado martes 26 de mayo, durante la celebración de un festival escolar del Día de las Madres en el teatro Maldonado. Debido a la restricción legal que pesaba sobre la madre, fue la tía materna quien se acercó brevemente a la menor para peinarla, bajo la vigilancia de la abuela paterna, Esmeralda Cervera, a quien también se acusó de intentar destruir las cartas y dibujos que la madre le enviaba a la niña. En ese momento, a través de una llamada telefónica sostenida con su hermana, Vica Torres escuchó a su hija gritar con desesperación que no quería regresar con su progenitor porque este le tocaba sus partes íntimas.
La madre se trasladó al lugar de los hechos. Frente a los asistentes, la pequeña realizó una denuncia explícita de las agresiones sufridas:
“Mi abuela se está quedando en casa. Hay dos cuartos y yo me estoy quedando con mi papá y una noche me desperté de golpe y veo que me estaba tocando mis partes íntimas y me volteé muy rápido. Yo no quiero irme con mi papá porque eso está muy mal”.
La reacción de las autoridades ante esta revelación incrementó la vulnerabilidad de la víctima. Mientras el padre se llevaba a la menor con el respaldo de la policía, Vica Torres Arocha fue arrestada por intentar rescatar a su hija, siendo sometida a protocolos de detención bajo cargos relacionados con la disputa.
Tras el altercado, la madre acudió a las oficinas de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) para interponer la denuncia penal correspondiente, pero el personal de la dependencia se negó a atenderla de forma inmediata y rechazó procesar los cargos contra Morales Cervera, retirándole además el material con el que pretendía visibilizar la urgencia del caso.
La madre denunció penalmente al progenitor e identificó públicamente la existencia de una red de protección familiar y legal destinada a encubrir las agresiones. Los señalamientos directos apuntan al abuelo de la niña, el licenciado Juan Porfirio Morales Gutiérrez, así como a los abogados defensores del padre, el licenciado José Manuel Bravo y el licenciado Alejandro Lara.
Según la declaración de Torres Arocha, la menor fue trasladada a las instancias de evaluación psicológica bajo la custodia estricta de esta comitiva de cuatro hombres (el padre, el abuelo y los dos abogados). La madre afirmó que este grupo utiliza su conocimiento legal y su posición para intimidar y manipular a la menor:
“¿Ustedes creen que mi hija va a confesar? ¡Sintiéndose desprotegida, acompañada y manipulada y engañada por todos esos hombres! Mi hija me alcanzó a decir que sus maestras le decían todo a su papá y que incluso una de las maestras le quitó una carta que mi niña me estaba haciendo. Muchas injusticias hacia mi hija… ¡ES UNA NIÑA!”.
Debido a esta presión, tras realizar el trayecto del teatro a las oficinas de la PRONNIF bajo engaños de que la llevarían con su madre, la niña entró en un estado de temor y se negó a hablar ante la psicóloga de la institución. Inicialmente, la PRONNIF optó por remover a la niña del entorno directo del padre, pero en lugar de restituirla con su madre, tomó la decisión de dejarla bajo el resguardo de los abuelos paternos, prolongando el estado de indefensión de la menor con la familia del presunto agresor.
Ante el desamparo legal, la ciudadanía de Piedras Negras reaccionó. La noche del sábado 30 de mayo se convocó a una manifestación masiva bajo las consignas “La niña está en peligro” y “Regresen a la niña”. La indignación civil escaló hasta el punto de mantener un bloqueo total en el Puente Internacional II desde la medianoche hasta las 03:00 horas del domingo, paralizando el tráfico fronterizo hacia Estados Unidos como medida de presión para exigir justicia.
La presión de las protestas obligó a las autoridades a modificar las medidas de protección. La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer las acusaciones de abuso sexual infantil, comprometiéndose a recabar testimonios y pruebas periciales.
Por su parte, el presidente municipal de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, confirmó que la menor de 9 años fue retirada del entorno de la familia paterna y se encuentra bajo el resguardo de su tía materna (hermana de Vica Torres), donde se reporta fuera de peligro inmediato. El alcalde detalló que el DIF Municipal, en coordinación con la PRONNIF estatal, suministrará el acompañamiento jurídico y psicológico necesario.
Al ser cuestionado sobre los presuntos nexos de la familia del acusado con la administración pública que habrían facilitado la impunidad inicial, el alcalde desmintió tener relación directa con el investigado. Aclaró que el hermano del presunto agresor laboró en el ayuntamiento únicamente durante los primeros tres meses de su gestión (de enero a marzo de 2025) y que actualmente no existe ningún vínculo laboral. El edil reconoció las limitaciones de la jerarquía institucional, explicando que la última palabra sobre el resguardo de los menores recae por ley en la PRONNIF estatal y no en las instancias municipales.
En las actualizaciones más recientes del caso, Vica Torres Arocha utilizó sus cuentas de Facebook para difundir la fotografía de Eduardo Alejandro Morales Cervera, denunciando públicamente que el acusado huyó de Piedras Negras para evadir la justicia. “Huyó de la ciudad de Piedras Negras. Se busca para ser detenido”, señaló la madre, agregando que no descansará hasta que su exesposo —a quien también acusó de haberle propinado múltiples golpizas durante su matrimonio— pague por los delitos imputados. Hasta el momento, la Fiscalía de Coahuila no ha emitido un corte informativo oficial sobre la liberación de una orden de aprehensión formal contra Morales Cervera.
El caso de Piedras Negras coincide con las métricas de vulnerabilidad infantil reportadas por organizaciones civiles. De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), durante el año 2024 se atendieron en unidades hospitalarias del país a 9,849 niñas y adolescentes de 1 a 17 años por situaciones asociadas a la violencia sexual.
Especialistas en la materia advierten que estas cifras representan únicamente los casos que logran ingresar a los registros del sistema de salud, existiendo una amplia cifra negra de agresiones que no se denuncian formalmente debido a las amenazas de los agresores, la intervención de redes de protección familiar y legal, y la falta de protocolos especializados en las fiscalías locales.
