La actuación de elementos de la Policía Municipal de Villa de la Paz durante una revisión a un vehículo en el que viajaban tres sacerdotes desató una ola de indignación entre habitantes de la comunidad de La Boca, quienes cuestionaron la justificación del operativo y denunciaron un presunto uso excesivo de la fuerza que derivó en una investigación por abuso de autoridad.
De acuerdo con la Diócesis de Matehuala, los sacerdotes Israel Salinas Torres, Carlos Eduardo Rodríguez Rodríguez y Ciro de la Rosa Ruiz fueron interceptados la tarde del domingo 12 de julio por policías municipales cuando circulaban por la comunidad de La Boca. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente cuál fue la causa que motivó la revisión del vehículo ni si existía algún indicio que justificara la intervención.
Según la versión de la Iglesia católica, durante la inspección los policías intentaron bajar por la fuerza a uno de los sacerdotes. Al intervenir para impedirlo, el padre Israel Salinas fue presuntamente sometido por varios elementos, derribado al suelo, golpeado en distintas partes del cuerpo y rociado con gas lacrimógeno, pese a que, de acuerdo con la Diócesis, ninguno de los religiosos opuso resistencia ni agredió a los oficiales.
Los hechos provocaron la reacción inmediata de habitantes de La Boca, quienes acudieron para auxiliar a los sacerdotes al percatarse de la agresión. Testigos afirmaron que, mientras los ciudadanos reclamaban la actuación policial, uno de los elementos desenfundó un arma de fuego para intimidar a los presentes, una versión que forma parte de los testimonios difundidos, aunque todavía no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
La intervención policiaca generó cuestionamientos entre la población, que consideró desproporcionado el uso de la fuerza contra representantes de la Iglesia Católica. Vecinos señalaron que la actuación de los uniformados es un reflejo de presuntos abusos de autoridad que, aseguran, se han vuelto recurrentes en el municipio, especialmente en la comunidad de La Boca.
Tras la agresión, paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención al padre Israel Salinas, quien presentó diversas lesiones y molestias derivadas de los golpes. Posteriormente, los tres sacerdotes acudieron ante la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia por presunto abuso de autoridad.
La Diócesis de Matehuala exigió el esclarecimiento de los hechos y sostuvo que la actuación de los policías debe investigarse conforme a derecho. Asimismo, expresó su respaldo a los sacerdotes afectados y llamó a privilegiar la verdad, la justicia y la paz durante el desarrollo de las investigaciones.
El sacerdote Ciro de la Rosa Ruiz afirmó que, pese a la gravedad del caso y a la repercusión que alcanzó a nivel nacional e internacional, la Iglesia no promoverá actos de confrontación y seguirá los protocolos establecidos por sus autoridades eclesiásticas.
Mientras tanto, habitantes de La Boca fueron más allá de las críticas hacia los policías y señalaron públicamente al entonces alcalde Juan Francisco Gómez como presunto responsable político de la actuación de la corporación. Algunos vecinos sostuvieron, sin presentar pruebas públicas, que los agentes habrían actuado por instrucciones de la autoridad municipal con el propósito de intimidar a los sacerdotes. Hasta el momento no existe evidencia oficial que confirme ese señalamiento ni la Fiscalía ha atribuido alguna responsabilidad al exalcalde, por lo que dicha versión forma parte de las denuncias realizadas por pobladores y continúa sin acreditarse.
Tras la difusión del caso, el Ayuntamiento de Villa de la Paz informó el despido de cuatro policías presuntamente involucrados en los hechos. El alcalde José Luis Escamilla ofreció una disculpa pública a los sacerdotes, aseguró que su administración no tolerará actos que vulneren los derechos de los ciudadanos y afirmó que, si las investigaciones determinan la participación de más personas, también serán sancionadas.
La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para determinar si existieron abusos de autoridad, uso indebido de la fuerza u otras conductas constitutivas de delito, así como para establecer las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, persisten las preguntas sobre qué motivó originalmente la revisión policial y si la actuación de los elementos estuvo apegada a la ley.
