A un año de la elección judicial extraordinaria en México, varios jueces y magistrados federales que fueron promovidos mediante los llamados “acordeones” distribuidos durante el proceso electoral en Nuevo León han quedado en el centro de la polémica por resoluciones que beneficiaron al gobernador Samuel García o derivaron en la liberación de presuntos integrantes del crimen organizado.
Los “acordeones” fueron listas impresas y digitales que circularon durante la elección judicial con nombres de candidatos recomendados para distintos cargos del Poder Judicial. Diversos especialistas, organizaciones civiles y observadores electorales señalaron que estos materiales pudieron influir en el voto ciudadano y pusieron en duda la independencia del proceso. El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió investigaciones por la distribución masiva de estos documentos, mientras la Organización de Estados Americanos (OEA), en su informe de observación electoral, advirtió que la utilización de listas de votación comprometía la equidad de la contienda y recomendó no replicar este modelo en futuros procesos.
Entre los casos que han generado mayor controversia figura el de la jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, Tania V. Neri Borjas. Hace unos días concedió una suspensión provisional que frenó el juicio político promovido por el Congreso de Nuevo León contra Samuel García por la presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con integrantes de su familia.
La misma juzgadora también resolvió, en octubre de 2025, revocar una suspensión definitiva que favorecía a Rodrigo Maldonado, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) identificado con el PRI. La decisión impidió que se incorporara a la Sala Superior del organismo pese a existir una vacante, situación que permitió al Ejecutivo estatal conservar influencia dentro del tribunal, encabezado por Ethel Maldonado.
Otro caso involucra a los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Roberto Rodríguez Garza y Cynthia Cristina Leal Garza, quienes fueron denunciados por un presunto conflicto de interés al participar en la resolución de un recurso relacionado con el Tribunal de Justicia Administrativa.
Antes de asumir sus actuales cargos, Rodríguez Garza se desempeñó como magistrado del propio TJA, mientras que Leal Garza trabajó como coordinadora de Análisis de Información en la Oficina del Secretario General de Gobierno de Nuevo León. A pesar de esos antecedentes, ambos participaron en la resolución del expediente sin excusarse, lo que provocó cuestionamientos por parte de actores políticos y especialistas en materia judicial.
Las críticas también alcanzan a jueces que han emitido resoluciones en procesos penales de alto perfil.
La jueza de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León, María de los Ángeles Padrón, determinó esta semana no vincular a proceso a José Antonio Cortés Huerta, alias “El Titán”, decisión que permitió su liberación. El imputado era investigado por presuntos delitos relacionados con la delincuencia organizada.
Por su parte, el juez Segundo de Distrito en Materia Penal, Luis Gerardo Esparza, concedió en enero un amparo a Joel R. Ramones Barba, identificado por autoridades estatales como líder del grupo delictivo “Los Rodos”, organización señalada por su participación en diversos hechos violentos en Nuevo León. La resolución judicial derivó en su liberación.
La actuación de otros integrantes del Poder Judicial también ha sido objeto de señalamientos. El magistrado Carlos A. Flores, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, y la magistrada Sonia A. Martínez, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, fueron exhibidos tras asistir al festejo de cumpleaños del secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Flores, considerado uno de los principales operadores políticos de la administración de Samuel García y uno de sus colaboradores más cercanos.
Al mismo evento acudió Érick Martín Vega Sierra, juez de Distrito en Materia Laboral, lo que alimentó las críticas sobre la cercanía entre integrantes del Poder Judicial Federal y funcionarios del gobierno estatal.
La independencia judicial en Nuevo León ha sido motivo de debate desde la elección extraordinaria de jueces y magistrados celebrada en 2025. Organizaciones como México Evalúa y Laboratorio Electoral han advertido que la promoción de candidaturas mediante estructuras políticas y la difusión de “acordeones” podría afectar la percepción de imparcialidad del Poder Judicial, especialmente cuando los funcionarios electos resuelven asuntos relacionados con gobiernos o actores políticos que respaldaron sus candidaturas.
